Corrupción y demoras judiciales

Una sociedad más tolerante con la corrupción no es una sociedad mejor, sino, simplemente, una sociedad que no tiene otra alternativa. No parece ser el caso de la sociedad argentina, alarmada y crispada cada vez que advierte un nuevo caso de corrupción.

De la Justicia, sin embargo, no obtiene en tiempo y forma una respuesta inmediata a la demanda de investigación, esclarecimiento y sentencias que esos casos requieren: en los tribunales se han acumulado, en los últimos 14 años, 750 procesos por corrupción, algunos de los cuales, por demoras, negligencia u oscuras razones, podrían terminar en la impunidad por haberse vencido sus plazos legales.

Esta lamentable situación alentó al Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica (Cipce), organismo no gubernamental abocado al seguimiento de casos de corrupción, a crear un banco de datos y convocar a estudiantes de abogacía, economía y sociología para desarrollar investigaciones académicas sobre esta particular cuestión.

Se trata de una forma de no perder de vista esos procesos por los cuales, más allá del impacto que hayan tenido en su momento algunos de ellos, sólo han sido condenados 15 funcionarios de segunda categoría en los últimos cinco años. Una verdadera burla.

Los casos de corrupción causan un grave daño social y económico. Frente a las deficiencias del sistema judicial, resultan de mucha importancia las iniciativas de las organizaciones no gubernamentales comprometidas con la transparencia de la gestión pública.

La corrupción, según Transparencia Internacional, está socavando las bases de los sistemas judiciales en el nivel mundial, y negando a los ciudadanos el acceso a la Justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o incluso, a veces, simplemente a un juicio.

El Informe Global de la Corrupción 2007, titulado Corrupción en sistemas judiciales , señala claramente: "El deterioro de estándares internacionales se evidencia en países como la Argentina y Rusia, donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes. Y para los jueces que se resisten a ser comprometidos, la represalia política puede ser expedita y severa. Los procedimientos injustos o inefectivos para disciplinar y destituir a jueces corruptos puede terminar usándose en cambio para eliminar a jueces independientes".

No es un tema menor ni debe ser tomado con ligereza. Especialmente en la Argentina, donde reina la fundada percepción de que, tras la reforma del Consejo de la Magistratura, el poder político dominante ha conseguido una grave herramienta para presionar a los jueces.

No pocos casos de corrupción que provocaron escozor por su magnitud quedaron prácticamente en el olvido, así como sus responsables.

Generalmente, estos casos provocan conmoción cuando surgen y luego, si no hay novedades, suelen ser utilizados con fines políticos, no con real interés en resolverlos donde corresponde: en los tribunales.

En algunos de ellos, los jueces tampoco ayudan. Son viejos conocidos de los políticos y hasta de las causas que tramitan, razón por la cual el poder político de turno puede influir en forma decisiva para avanzar o congelar determinadas investigaciones. Además, no faltan magistrados que duermen las causas por años enteros con el fin de utilizarlas como "rehenes" o como alguna forma de chantaje.

Todo ello se sustenta en un sistema perverso que motiva la necesidad de consolidar las instituciones frente a la posibilidad de dejar impunes aquellas causas por las cuales terminamos pagando todos, tanto con el erario como con la frustración social.

Sólo por citar unos pocos ejemplos, hoy podemos preguntarnos en qué quedaron la causa sobre las coimas en el Senado, que corren riesgo de prescribir; la de los fondos en Suiza atribuidos a Ramón Hernández, Alberto Gostanian y Alberto Kohan, durante el gobierno de Carlos Menem, y, por supuesto, la del dinero girado al exterior por el presidente Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz y la madeja de intrigas que se cierne sobre el actual ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. ¿Por qué no son los mismos involucrados quienes, impulsados por la necesidad de mostrar las manos limpias, imprimen celeridad a esas causas?

Del gobierno de Menem, María Julia Alsoragay recibió una condena por no haber podido justificar el incremento de su patrimonio, algo que parece a todas luces insuficiente, en virtud de la cantidad de casos que se denunciaron. No es improbable que ahora, en otros tiempos políticos, vaya a suceder lo mismo.

La sociedad merece mejores respuestas que procesos dormidos adrede en los cajones de los jueces y en vías de prescribir.