martes, 27 de noviembre de 2007

MAS DEL DR. MASSONI

Massoni disparó a los tribunales

La Oficina Anticorrupción presentó su informe y se quejó por la falta de celeridad de los jueces en resolver las 489 denuncias presentadas.

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El titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni.

“Faltan señales desde la Justicia, señales que muestren imparcialidad y celeridad para sancionar. Mientras éstas no aparezcan, la sensación de que no todos somos iguales ante la ley seguirá siendo una realidad.” Para presentar el informe anual de gestión de la Oficina Anticorrupción (OA), su titular, José Massoni, eligió enumerar críticas dirigidas a jueces, fiscales y a la propia Corte Suprema. El documento del organismo detalla, además, toda la actividad de sus dos primeros años de gestión, que incluye 1784 investigaciones, de las que se derivaron 489 denuncias judiciales, la detección de 89 casos de incumplimiento de la presentación de declaraciones juradas y la coordinación de acciones con organismos anticorrupción internacionales, entre otras cosas.
La OA, que fue inaugurada por el ex presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 1999 dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, es el único organismo que sobrevivió, con autoridades incluidas, a los cambios de gobierno. Massoni abre el informe –que renueva cada año– con una carta en la que cuestiona a la Justicia, que es el ámbito encargado de profundizar la investigación de las denuncias hechas por el organismo y decidir qué penas corresponden. Si los expedientes naufragan, intenta explicar el fiscal de control administrativo, no es culpa de la OA.
“Que algunos jueces y miembros del Ministerio Público aún rechacen la colaboración de esta Oficina demuestra que persiste una actitud estática y perimida acerca de las modalidades de lucha contra la corrupción dentro de las reglas del Estado de Derecho. Que estos magistrados dilaten las investigaciones judiciales suma otro obstáculo al anhelo de justicia”, dice Massoni. Y añade que la Corte tuvo pronunciamientos que resultan “un obstáculo para las investigaciones”.
El reporte de la OA contabiliza 489 denuncias judiciales, en 31 de las cuales se constituyó como querellante. En esas causas, hubo 100 indagatorias, 44 procesamientos, 20 faltas de mérito y 4 sobreseimientos. En el año 2001 la Dirección de Investigaciones –que conduce Manuel Garrido– denunció, entre algunos personajes conocidos, a Emir y Karim Yoma, al ex titular de Desarrollo Social Ramón “Palito” Ortega, al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y al ex superintendente de Servicios de Salud del gobierno de la Alianza Rubén Cano, al rector de la UBA, el radical Oscar Shuberoff, al canciller Carlos Ruckauf. Los delitos más denunciados fueron fraude al Estado, negociaciones incompatibles, malversación de caudales, asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público y cohecho (coimas). Pero el último año nadie fue preso, a diferencia del 2000, cuando el ex titular del PAMI denunciado por la OA terminó entre rejas.
En el rubro de las declaraciones juradas de bienes, que están obligados a completar todos los funcionarios, la Oficina señala que detectó 89 casos de “incumplimiento malicioso” de presentación. El año pasado la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, que comanda Roberto De Michele, cambió el sistema de declaraciones juradas y, dicen, mejoraron el nivel de cumplimiento de los integrantes de la Administración Nacional. La misma dirección analizó 331 casos de conflictos de intereses de funcionarios y abrió 58 expedientes por incompatibilidades. En el plano internacional, la OA colabora, por ejemplo, con la creación de una Convención contra la Corrupción de alcance mundial. Con todo, ellos mismos tienen dudas de para qué servirá todo esto.
PAGINA 12, 14-03-2002

EL PIRATA ROBY

JUSTICIA SOSPECHADA

EXCLUSIVO: EL INFORME SECRETO SOBRE LOS JUECES QUE LLEVAN LAS CAUSAS DE CORRUPCION
Demorados, mediáticos, sospechados

Página/12 revela el contenido de un “non paper” secreto que circula por algunos despachos de alto nivel y evalúa lapidariamente el trabajo de la mayoría de los diez jueces federales que investigan las peores causas de corrupción.

María Romilda Servini de Cubría: “Aparentemente tiene mal direccionada (una causa) sobre la UTE de gerenciadoras de ópticas del PAMI”.

Claudio Bonadío: “¡¡Dice que no hubo afectación del patrimonio del Estado...!!” en el caso Yoma.

Jorge Urso: “Hizo maniobras notorias para el público” en una causa contra María Julia y “no se supo de ninguna medida de avance”. En otra“jamás citó a los presuntos responsables ni hizo nada útil”.

Por José Natanson

Carlos Liporaci realiza “maniobras dilatorias” en las causas contra Gerardo Sofovich y Julio Mahárbiz. Jorge Urso “hizo maniobras notorias para el público” en un proceso contra María Julia Alsogaray y “no se supo de ninguna medida de avance”. Claudio Bonadío “¡¡dice que no hubo afectación del patrimonio del Estado...!!” en el caso Yoma. Adolfo Bagnasco es “una de cal y una de arena”. Página/12 accedió en exclusiva a un non paper, un documento secretísimo que circula por algunos despachos del Gobierno, en el que se realiza una evaluación oficiosa –y en la mayoría de los casos lapidaria– del accionar de los diez jueces federales que investigan causas de corrupción.
“Sin duda, es el que encabeza la lista”, dice el texto sobre Carlos Liporaci. Y detalla las causas por corrupción que involucran a ex funcionarios menemistas. Además del caso de Gerardo Sofovich (ver recuadro), el documento describe el desempeño del juez en el proceso contra el ex titular del Instituto del Cine, Julio Mahárbiz. “Está realizando maniobras dilatorias, con el sistema de pedir peritajes inconducentes, etc., que consumen el tiempo hasta la llegada de la prescripción”.

Jorge Ballesteros: En la investigación de la “privatización fraudulenta de Tandanor está apuntando a las empresas, más que a los funcionarios”.

Rodolfo Canicoba Corral: Desestimó “una grabación telefónica formalmente inatacable como indicio probatorio con la simple desmentida de su interlocutor” en una causa contra Roberto Dromi.

Adolfo Bagnasco: “Una de cal y una de arena como postura permanente”.

La segunda se refiere a las 94 cajas que Víctor Alderete se llevó del PAMI en diciembre pasado, poco antes de renunciar, y que fueron encontradas en un departamento de Morón. Entre otras cosas, contenían carpetas con sospechosos informes sobre políticos como Elisa Carrió y Aníbal Ibarra. “Liporaci –señala el documento– tiene las 94 cajas. No se sabe que haya hecho nada al respecto.”
De los diez magistrados observados, Liporaci es el único del que se mencionan tres denuncias en su contra. “Una –señala el estudio– por la exención de prisión al banquero (Raúl) Moneta, un día después de empezar a subrogar al juez (Gustavo) Literas, cuando estaba imputado de asociación ilícita y prófugo en una causa complejísima. La otra está relacionada con Yacyretá, donde hubo cuestionamientos muy fuertes de la Cámara”, que según el documento el magistrado habría dejado prescribir por inactividad.
La tercera “está en discusión en el Parlamento, en el asunto de haber intervenido ilegalmente el teléfono de un secretario suyo, que quería apartarse de sus ‘arreglos’, al que luego obligó a renunciar”. El memo elaborado por funcionarios del Gobierno que analizan full time tanto el comportamiento de la Oficina Anticorrupción como el destino de las causas generadas durante la Administración Menem cuestiona que, al procesar al empresario Alberto Samid, Liporaci haya evaluado que el jefe de la asociación ilícita era, justamente, un muerto.
El segundo juez mencionado es Jorge Urso. Al igual que Liporaci, el informe describe presuntas dilaciones de Urso en la investigación de una ex funcionaria menemista: María Julia. En la primera causa, vinculada a una conferencia ambiental, la “Oficina Anticorrupción (OA) realizó una denuncia con pruebas contundentes”, ante lo cual Urso “hizo unas cuantas medidas notorias para el público”. Después, “no se supo de ninguna medida de avance”.
La segunda es una “denuncia de un liquidador de Entel por pagar 11 millones sin causa a PecomNet en el 91/92”, ante lo cual María Julia “denunció al síndico por haber certificado existencia de esas deudas”. De acuerdo con el documento, la actitud de Urso fue similar: “Juntó las dos causas y jamás citó a presuntos responsables ni hizo nada útil”.
El informe recuerda que Urso “tiene la causa de las armas”, que compromete a varios ex funcionarios del menemismo como el ex ministro de Defensa Antonio Erman González. Según el memo, el magistrado “atrajo enriquecimiento ilícito de los involucrados, por lo que la OA, dado que tenía ese tema en carpeta en relación con Erman González, le pidió susdeclaraciones juradas: se las negó”. De todos modos, reconocen los comentaristas oficiales, “acompañó prueba relativa a este punto”.

Gabriel Cavallo: “Tuvo a la Oficina Anticorrupción como querellante de inmediato”.

Carlos Liporaci: Realiza “maniobras dilatorias” en la causa de Sofovich y Mahárbiz y “no se sabe que haya hecho nada” con las cajas del PAMI.

El último caso objetado por el informe es un subsidio de “32 millones y medio” del Ministerio del Interior para realizar el edificio de la Legislatura de Formosa. Aunque el documento no precisa los funcionarios imputados, señala que “está probado que no se hicieron ni los cimientos”, ante lo cual “el juez hizo siete cuerpos sin que como resultado haya nadie involucrado”.
Curiosamente, la única causa en poder de Urso que “ha avanzado” –la del PAMI y la Editorial Plus Ultra– “está delegada al fiscal”.
Rodolfo Canicoba Corral actuó en sintonía con sus colegas desestimando una denuncia contra otro ex funcionario menemista: el ex ministro Roberto Dromi. Según el informe, Canicoba Corral aprovechó “la simple desmentida de su interlocutor” para desestimar “una grabación telefónica formalmente inatacable como indicio probatorio” en una causa por la concesión de peajes. Dice el documento que la causa finalizó luego de esta medida.
Hay dos jueces –Adolfo Bagnasco y Claudio Bonadío– a los que el informe no objeta tanto por su actuación en las causas de corrupción como por su postura contraria a la intervención de la Oficina Anticorrupción.
La caracterización sobre Bagnasco en la detención de Alderete (ver recuadro) es “una de cal y una de arena como postura permanente”.
Después de detenerse en los antecedentes de Claudio Bonadío –”fue empleado de (Carlos) Corach”, recuerda–, el documento reconoce que fue el primero en procesar a Alderete, en el caso Medicsystem, pero menciona lo que dijo el magistrado en la causa del Grupo Yoma. “¡¡Dice que no hubo afectación del patrimonio del Estado...!!”, se enoja el informe. Aunque no lo aclara, el Grupo Yoma contrajo créditos incobrables con el Banco Nación por un monto cercano a los 75 millones.

Gustavo Literas: En la causa relacionada con Funeral Home “procesó a un integrante de la empresa por cohecho, mientras hizo un falta de mérito a los restantes y los funcionarios del PAMI denunciados”.

Juan José Galeano: “Recordar que tiene la causa AMIA y sus innumerables legajos paralelos”.

Luego del pelotón de jueces más objetados, el informe analiza la actuación de Juan José Galeano. Recomienda “recordar que tiene la causa AMIA y sus innumerables legajos paralelos”, aunque no queda claro si ese registro es en su favor o va en su contra, y describe su trabajo en el proceso contra María Julia por enriquecimiento ilícito (ver recuadro).
A continuación engloba a tres jueces bajo una actitud “ambigua” (ver recuadro). Y concluye destacando la actuación de Gabriel Cavallo, el único magistrado que no recibió objeciones. Adepto al bajo perfil, Cavallo investiga causas contra otros jueces, aceptó a la Oficina Anticorrupción como parte querellante y además, cuando el fiscal incluyó “un pedido de inconstitucionalidad de la ley que la creaba”, respondió con “una resolución muy dura”.

Los jueces ambiguos

Por J.N.
El documento engloba a tres jueces –María Romilda Servini de Cubría, Jorge Ballesteros y Gustavo Literas– como caracterizados “por sus actitudes ambiguas”. El texto del Gobierno afirma que los tres a veces imprimen ritmo a sus investigaciones y otras veces “denotan cierta reticencia a avanzar, o bien son simplemente ineficaces”.
En el juzgado de Servini de Cubría “la causa que ha avanzado algo es una derivada a la fiscalía acerca de (la ex funcionaria menemista) ClaudiaBello”. Sin embargo, “aparentemente tiene mal direccionada otra causa sobre la UTE (Unión Transitoria de Empresas) de gerenciadoras de ópticas del PAMI”. Finalmente, el documento indica que Servini de Cubría “indaga en una denuncia por un asunto menor a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. Por la denominación del ministerio, puede inferirse que se trata de funcionarios de la actual administración, porque antes era simplemente Ministerio de Justicia.
Ballesteros investiga dos causas por el PAMI. El informe asegura que en la primera “indagó, declaró falta de mérito y dispuso medidas sugeridas por la Oficina Anticorrupción”. En la segunda, por maniobras en pagos de deudas del PAMI, Ballesteros “procesó a Alderete por encubrimiento y ha llamado a indagatoria por exacciones ilegales al autor”. Al mismo tiempo, el juez investiga la “privatización fraudulenta de Tandanor”. Según el informe, “está apuntando a las empresas, y no a los funcionarios”.
El tercer juez de actitud definida oficialmente como “ambigua”, Gustavo Literas, también lleva dos causas del PAMI. En una, relacionada con Funeral Home, “procesó a un integrante de esta empresa por cohecho, mientras hizo un falta de mérito respecto de los restantes y los funcionarios del PAMI denunciados”. En la otra investiga irregularidades en la contratación de una red odontológica en Paraná.

Las causas llamativas

Por J.N.
El informe analiza las tres causas más famosas contra ex funcionarios menemistas. La primera, en el juzgado de Adolfo Bagnasco, investiga a Víctor Alderete. Según el documento, Bagnasco “dicta el procesamiento de Alderete, pero en una causa menor, mientras que no lo hace en la grande por asociación ilícita, aunque sí le niega la exención de prisión y le impide la salida del país. Después de ello detuvo a Alderete y le está tomando declaración indagatoria”. El memo fue redactado antes de la semana pasada, por lo que no tuvo en cuenta lo ocurrido el viernes. Aunque había detenido a Alderete por asociación ilícita, Bagnasco decidió procesarlo sólo por defraudación (un delito con una pena más leve que la asociación ilícita), pero de todos modos negó la eximición de prisión.
La segunda causa notable es la que Carlos Liporaci sigue contra Gerardo Sofovich. El documento sostiene que “desde el ‘96 está efectuando maniobras dilatorias sin tomar decisión alguna. Cuando la OA se presentó pretendiendo ser parte querellante (el juez determinó), la inconstitucionalidad, de oficio, de la reforma de la Ley de Ministerios. De todos modos con lo que tenía en la causa ya podría indagar a Sofovich y a varios más. La Sala II (de la Cámara Federal porteña) revocó su decisión de un modo muy duro”. El documento no llegó a poder incluir el dato de que, también el viernes pasado, finalmente Liporaci citó a Sofovich para indagatoria, aunque el ex titular de ATC logró postergarla para los primeros días de agosto.
La última gran causa, en el juzgado de Juan José Galeano, imputa a María Julia Alsogaray. “En la causa por enriquecimiento ilícito, ella está en situación muy precaria y, habiendo el juez dispuesto indagatoria, no le puso fecha y no la concreta. Pidió nueva pericia, que está en curso”. Aquí también el documento quedó desactualizado: el miércoles, Galeano fijó para el 8 de agosto la indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito y leprohibió salir del país a la ex secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Carlos Menem.


Oficina Anticorrupción

Una de las primeras decisiones del Gobierno fue inaugurar la Oficina Anticorrupción que conduce José Massoni. Resultado final de una vieja idea de Carlos “Chacho” Alvarez, el organismo fue creado mediante la Ley de Ministerios. Allí se estableció su dependencia de la cartera de Justicia y la facultad de “intervenir como parte querellante en los procesos”, lo que le permite acceder a los expedientes.
La contraofensiva fue inmediata. En febrero, los abogados de Víctor Alderete presentaron un pedido para que la Oficina se apartara de la causa. Argumentaron que su creación fue inconstitucional, ya que sus facultades se superponen con las del Ministerio Público e interfieren la independencia de los poderes. Como se infiere del documento obtenido por Página/12, la mayor parte de los jueces federales adoptaron este razonamiento –u otros similares– impidiendo al organismo participar de los procesos. Una postura que fue desestimada por la Cámara Federal, que avaló la constitucionalidad de la Oficina y le permitió seguir los procesos como querellante.
Pero, más allá de la disputa jurídica, lo cierto es que el tema también tiene un costado político. En efecto, el informe funciona como respuesta a una pregunta que se hacen muchos funcionarios: ¿por qué no avanzan con más velocidad las causas por corrupción? Es que, aun después de la detención Alderete, la primera línea del Gobierno sigue ansiosa por concretar aquella promesa electoral que decía que “esta vez, los corruptos irán a la cárcel”. Una tarea nada sencilla. Varios altos funcionarios de la Casa Rosada consultados por Página/12 dijeron que, aunque siempre destacarán el principio de independencia del Poder Judicial, su diagnóstico es que muchas causas se están dilatando. Desde la otra vereda, muchos dirigentes justicialistas sostienen que la Oficina centraliza la persecución contra los ex funcionarios menemistas. “Es una Oficina Antiperonista”, la definió Carlos Menem.


EL PIRATA ROBY

OTRO SEÑOR JUEZ - JUSTICIA PARA POCOS



El Dr. Josè Massoni, con quien tuve el gusto y el honor de trabajar cuando era Secretario de la Sala III de la Càmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, escribiò un libro sobre su experiencia personal en el Fuero Penal. Soy testigo directo de su honradez, de su capacidad para el trabajo, de su humildad y de su don de gente. Pepe: te felicito por tu libro, y espero que pronto nos deleites con otro. Un abrazo.

EL PIRATA ROBY

Enfoques
Publicado en la ed. impresa: Enfoques
Domingo 23 de setiembre de 2007
Entrevista

Justicia para pocos

José Massoni pasó casi toda su vida en el fuero penal de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, jubilado, acaba de publicar La Justicia y sus secretos , libro de inusitada dureza crítica sobre la "corporación judicial", en el que no sólo cuestiona que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias sino que los acusa de actuar, en muchos casos, movidos por prejuicios de clase que perjudican a los pobres

Escribió que la gente tiene razón cuando dice que en la Argentina no hay Justicia, porque la gran mayoría no tiene acceso a ella. Sostiene que el Poder Judicial es una corporación que no resuelve los conflictos de todos, básicamente, porque una enorme cantidad de sus miembros desconoce la realidad.

El que lo dice no es un político opositor en campaña, ni un revolucionario antiestablishment. Tampoco un observador imparcial ni un teórico del Derecho. José Massoni pasó casi toda su vida en el fuero penal de la ciudad de Buenos Aires -donde fue secretario de juzgado y de Cámara, fiscal, juez y juez de Cámara- y arribó a este diagnóstico extremadamente crítico a partir de su experiencia de casi 40 años en el Poder Judicial. Con el deseo de aportar para que algo mejore, recientemente escribió el libro La justicia y sus secretos , que publicó Editores del Puerto, y que incluye propuestas de cambio concretas además de cuestionamientos.

Massoni, que tras su trayectoria en la Justicia fue titular de la Oficina Anticorrupción cuando se creó, en 1999, durante la gestión de Fernando de la Rúa, asegura que no hay ninguna razón válida para que las declaraciones juradas de los jueces sigan sin ser públicas y califica como "un verdadero disparate, que no tiene perdón" el hecho de que los magistrados no paguen el Impuesto a las Ganancias con el argumento de la intangibilidad de sus salarios.

Con 66 años, casado, padre de dos hijas y abuelo de cinco nietos, vive en su casa de siempre en Parque Chas y es jubilado desde 2002. Pero está muy preocupado por la Argentina, por la calidad de sus instituciones y, obviamente, por la calidad del Poder Judicial. Por eso, dice decidió escribir el libro.

-¿Por qué publica ahora La justicia y sus secretos ?

-Estoy muy interesado en tener un Poder Judicial que realmente sea valioso y que esté al servicio de una Argentina democrática. Cuando digo democrática me refiero a que sea igualitaria, participativa, que llegue a todos, y no una Argentina que tenga instituciones que se mueven para una fracción y que, en el mejor de los casos, abarcan a la mitad de la población que no es pobre.

-El diagnóstico del estado actual del sistema de administración de justicia que pinta en su nuevo libro es extremadamente crítico. ¿No se siente usted algo frustrado por haber pasado en el Poder Judicial casi toda su vida?

-Frustrado no, de ninguna manera. El libro es la continuación de una lucha. Siempre luché por una Justicia mejor, busqué caminos para encontrarla. Yo estoy absolutamente tranquilo de que todas las causas que pasaron por mis manos se resolvieron de la manera que yo creo que fue la mejor. Pero esto sucede con una cantidad de gente en Tribunales, que está francamente interesada por esos valores, pero que se pierde en una conformación institucional que es realmente como la gente del común piensa: una corporación que no conoce a fondo la realidad de lo que pasa. Porque su mundo se limita a lo que ocurre entre las avenidas del Libertador-Figueroa Alcorta, Callao, Pueyrredón y Corrientes hasta el río, y, cuanto mucho, lo que pasa en Bella Vista o Adrogué.

-¿Por qué asegura que la inmensa mayoría de las personas no llega con sus problemas a la Justicia argentina?

-Las cosas están organizadas y funcionan de modo tal que las grandes mayorías del país no tienen acceso a la Justicia. Un primer grupo no conoce sus derechos ni sus posibilidades de reclamar. Otro grupo los conoce, pero no logra sortear los innumerables obstáculos que presenta el sistema (como la necesidad de contar con un abogado o las distancias que separan a la gente sin recursos de la mayoría de los Tribunales, por ejemplo). Finalmente, el reducido grupo de privilegiados que accede, no consigue nada -o muy poco-, porque la Justicia demora y generalmente resuelve en contra de los intereses de los más pobres.

-En el libro, usted señala la importancia de quebrar un prejuicio de clase que posee la mayoría de la magistratura. ¿En qué consiste el prejuicio que identifica?

-Los miembros de la magistratura cuentan, a partir de una ignorancia estólida acerca del mundo tangible de las mayorías argentinas, con un prejuicio que en muchas ocasiones es inadvertido por sus portadores, que se sienten inyectados de fluidos de equidad y justicia que creen derramar con imparcial rectitud sobre los destinatarios de sus resoluciones. El valor internalizado en la gran mayoría del cuerpo de operadores de la justicia es que "los negros" (es decir, el populacho que componen todos los que no son ellos mismos, exceptuando a los miembros de la clase media exitosos económicamente), cuando llegan ante sus estrados, en principio, no tienen razón en nada y, si la tienen, no hay que dársela.

-¿Cree que su diagnóstico es compartido dentro del Poder Judicial?

-Pienso que muchas personas, que no son ni de lejos la mayoría, saben que esto es así, y lo saben conscientemente o, cuanto menos, lo sienten, lo vivencian cada día. Estoy seguro de que los jóvenes que ingresan lo hacen como lo hizo la gran mayoría de toda la historia judicial, con entusiasmo, con intenciones de contribuir de la mejor manera a la justicia entre la gente. Y hay una importante cantidad de empleados que sienten y saben que esto es así, así de crudo y así de terrible.

-¿Explíqueme por qué dice que la Corte Suprema está integrada por 200 jueces?

-Es simple. Porque hay siete ministros (en el pasado fueron cinco y luego nueve), pero además 193 secretarios de Corte que tienen el rango de jueces de Cámara o jueces de primera instancia. Esto sucede cuando, para toda la Justicia nacional -la federal para el país entero y la local para la ciudad de Buenos Aires-, los magistrados son 810. Por eso, la comparación duele por absurda. Existe un gran problema de sobredimensionamiento del poder de la Corte que, paulatinamente, a través de los años, fue tomando competencias sobre más y más cuestiones, básicamente a partir de la llamada "doctrina de la arbitrariedad". Esto originó varios problemas, como la imposibilidad de los jueces de la Corte de resolver los asuntos por una cuestión material y la lentificación de todo el proceso judicial. Además le quitó valor a las decisiones de los jueces de instancias inferiores, de los lugares donde efectivamente se habían suscitado los problemas. Hay algunos indicios de que la Corte está ahora intentando desembarazarse de estas cuestiones.

-Más allá de la mayor cantidad de trabajo, ¿ cómo y por qué cree que se llegó de cinco a 200 "jueces"?

-No me atrevería a dar una respuesta categórica acerca de cómo se llegó a ese número. Pero, con seguridad, una de las causas que lo permitieron fue la falta de control sobre la Justicia que tiene la sociedad.

-¿Qué haría usted con esos empleados si la Corte lograra, en el futuro, reducir su competencia?

-Yo creo que sería una magnífica fuente que tendría el Consejo para rediseñar el Poder Judicial, apoyando todos los sitios que se encuentran con flaquezas, que son justamente aquellos que son más cercanos a la sociedad desprotegida. El único remedio frente a las resistencias de la descentralización es la participación social de las organizaciones vinculadas al quehacer jurídico, de ciertos abogados genuinamente interesados por una mejor justicia, de los sindicatos y las agrupaciones vecinales. Esa puede ser una red entramada que realmente consiga llevar a la Justicia hacia donde tiene que ser ejercida, que es en el conjunto del seno de la sociedad y no entre cuatro paredes, aislada, de cristal.

-Debe de ser más fácil resolver asuntos sin conocer a los protagonistas

-Es más fácil, sin duda. Yo se lo digo desde la experiencia de haber ejercido en un tribunal oral. Uno, cada día de audiencia, vivencia varias tragedias. Y tiene que resolver problemas dramáticos de una manera casi siempre insuficiente para ser realmente justa. Por supuesto, es más difícil ser un juez que resuelve sobre gente que un juez que resuelve sobre papeles. Pero también es más satisfactorio como función social.

-¿Quién cree que podría impulsar un cambio en la línea que usted plantea, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es probablemente el más resistente a las reformas? ¿Cuánto tiempo estima que duraría el proceso de reforma?

-La sociedad en general, haciéndose cargo de que ella es -o debería ser- la dueña de su Justicia. Tendría que utilizar como instrumento a los políticos y, más específicamente, al Consejo de la Magistratura, al que hay que exigirle que tenga un verdadero control sobre el funcionamiento concreto del Poder Judicial. Si hay una decisión política fuerte, que implique un compromiso político general de que debe solucionarse la asistencia de justicia a la población, creo que en 10 años podríamos estar muchísimo mejor. Esto es esencial porque no hay mejor momento de descreer de la democracia y terminar en manos de dictadores, populistas o cualquier forma espúrea de gobierno que cuando las instituciones no le dan respuestas concretas a la gente. Si hay millones y millones de personas a las que no se les responde cuando sus derechos son violentados, ellos van a estar legitimados para elegir otra forma.

-¿Cuáles son algunas de sus propuestas para mejorar la Justicia?

-Que exista una ley nacional de acceso pública, que obviamente incluya al Poder Judicial. Que se sancione una ley de lobby y que se utilice el procedimiento de elaboración participada de normas, para que las leyes tengan mayor legitimidad. Que se establezca de una vez por todas el juicio por jurados. Que los fiscales sean elegidos por voto popular, porque tras la instalación de un procedimiento acusatorio con principio de oportunidad (que les permitiría la selección de los casos a investigar), deberían tener estricto control de la ciudadanía. Y, para romper con este divorcio tremendo que existe entre sociedad y Justicia, creo esencial que se descentralice la Justicia y se avance en el diseño e implementación de una "pequeña Justicia", porque sería una escuela de democracia y aprendizaje social, de ciudadanía y de poder. En definitiva, todo pasa por una verdadera profundización de la democracia, que sea igualitaria y participativa, que logre quebrar los esquemas y estructuras que se han ido haciendo costra y se han anquilosado.

Por Laura Zommer

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