JUSTICIA SOSPECHADA

EXCLUSIVO: EL INFORME SECRETO SOBRE LOS JUECES QUE LLEVAN LAS CAUSAS DE CORRUPCION
Demorados, mediáticos, sospechados

Página/12 revela el contenido de un “non paper” secreto que circula por algunos despachos de alto nivel y evalúa lapidariamente el trabajo de la mayoría de los diez jueces federales que investigan las peores causas de corrupción.

María Romilda Servini de Cubría: “Aparentemente tiene mal direccionada (una causa) sobre la UTE de gerenciadoras de ópticas del PAMI”.

Claudio Bonadío: “¡¡Dice que no hubo afectación del patrimonio del Estado...!!” en el caso Yoma.

Jorge Urso: “Hizo maniobras notorias para el público” en una causa contra María Julia y “no se supo de ninguna medida de avance”. En otra“jamás citó a los presuntos responsables ni hizo nada útil”.

Por José Natanson

Carlos Liporaci realiza “maniobras dilatorias” en las causas contra Gerardo Sofovich y Julio Mahárbiz. Jorge Urso “hizo maniobras notorias para el público” en un proceso contra María Julia Alsogaray y “no se supo de ninguna medida de avance”. Claudio Bonadío “¡¡dice que no hubo afectación del patrimonio del Estado...!!” en el caso Yoma. Adolfo Bagnasco es “una de cal y una de arena”. Página/12 accedió en exclusiva a un non paper, un documento secretísimo que circula por algunos despachos del Gobierno, en el que se realiza una evaluación oficiosa –y en la mayoría de los casos lapidaria– del accionar de los diez jueces federales que investigan causas de corrupción.
“Sin duda, es el que encabeza la lista”, dice el texto sobre Carlos Liporaci. Y detalla las causas por corrupción que involucran a ex funcionarios menemistas. Además del caso de Gerardo Sofovich (ver recuadro), el documento describe el desempeño del juez en el proceso contra el ex titular del Instituto del Cine, Julio Mahárbiz. “Está realizando maniobras dilatorias, con el sistema de pedir peritajes inconducentes, etc., que consumen el tiempo hasta la llegada de la prescripción”.

Jorge Ballesteros: En la investigación de la “privatización fraudulenta de Tandanor está apuntando a las empresas, más que a los funcionarios”.

Rodolfo Canicoba Corral: Desestimó “una grabación telefónica formalmente inatacable como indicio probatorio con la simple desmentida de su interlocutor” en una causa contra Roberto Dromi.

Adolfo Bagnasco: “Una de cal y una de arena como postura permanente”.

La segunda se refiere a las 94 cajas que Víctor Alderete se llevó del PAMI en diciembre pasado, poco antes de renunciar, y que fueron encontradas en un departamento de Morón. Entre otras cosas, contenían carpetas con sospechosos informes sobre políticos como Elisa Carrió y Aníbal Ibarra. “Liporaci –señala el documento– tiene las 94 cajas. No se sabe que haya hecho nada al respecto.”
De los diez magistrados observados, Liporaci es el único del que se mencionan tres denuncias en su contra. “Una –señala el estudio– por la exención de prisión al banquero (Raúl) Moneta, un día después de empezar a subrogar al juez (Gustavo) Literas, cuando estaba imputado de asociación ilícita y prófugo en una causa complejísima. La otra está relacionada con Yacyretá, donde hubo cuestionamientos muy fuertes de la Cámara”, que según el documento el magistrado habría dejado prescribir por inactividad.
La tercera “está en discusión en el Parlamento, en el asunto de haber intervenido ilegalmente el teléfono de un secretario suyo, que quería apartarse de sus ‘arreglos’, al que luego obligó a renunciar”. El memo elaborado por funcionarios del Gobierno que analizan full time tanto el comportamiento de la Oficina Anticorrupción como el destino de las causas generadas durante la Administración Menem cuestiona que, al procesar al empresario Alberto Samid, Liporaci haya evaluado que el jefe de la asociación ilícita era, justamente, un muerto.
El segundo juez mencionado es Jorge Urso. Al igual que Liporaci, el informe describe presuntas dilaciones de Urso en la investigación de una ex funcionaria menemista: María Julia. En la primera causa, vinculada a una conferencia ambiental, la “Oficina Anticorrupción (OA) realizó una denuncia con pruebas contundentes”, ante lo cual Urso “hizo unas cuantas medidas notorias para el público”. Después, “no se supo de ninguna medida de avance”.
La segunda es una “denuncia de un liquidador de Entel por pagar 11 millones sin causa a PecomNet en el 91/92”, ante lo cual María Julia “denunció al síndico por haber certificado existencia de esas deudas”. De acuerdo con el documento, la actitud de Urso fue similar: “Juntó las dos causas y jamás citó a presuntos responsables ni hizo nada útil”.
El informe recuerda que Urso “tiene la causa de las armas”, que compromete a varios ex funcionarios del menemismo como el ex ministro de Defensa Antonio Erman González. Según el memo, el magistrado “atrajo enriquecimiento ilícito de los involucrados, por lo que la OA, dado que tenía ese tema en carpeta en relación con Erman González, le pidió susdeclaraciones juradas: se las negó”. De todos modos, reconocen los comentaristas oficiales, “acompañó prueba relativa a este punto”.

Gabriel Cavallo: “Tuvo a la Oficina Anticorrupción como querellante de inmediato”.

Carlos Liporaci: Realiza “maniobras dilatorias” en la causa de Sofovich y Mahárbiz y “no se sabe que haya hecho nada” con las cajas del PAMI.

El último caso objetado por el informe es un subsidio de “32 millones y medio” del Ministerio del Interior para realizar el edificio de la Legislatura de Formosa. Aunque el documento no precisa los funcionarios imputados, señala que “está probado que no se hicieron ni los cimientos”, ante lo cual “el juez hizo siete cuerpos sin que como resultado haya nadie involucrado”.
Curiosamente, la única causa en poder de Urso que “ha avanzado” –la del PAMI y la Editorial Plus Ultra– “está delegada al fiscal”.
Rodolfo Canicoba Corral actuó en sintonía con sus colegas desestimando una denuncia contra otro ex funcionario menemista: el ex ministro Roberto Dromi. Según el informe, Canicoba Corral aprovechó “la simple desmentida de su interlocutor” para desestimar “una grabación telefónica formalmente inatacable como indicio probatorio” en una causa por la concesión de peajes. Dice el documento que la causa finalizó luego de esta medida.
Hay dos jueces –Adolfo Bagnasco y Claudio Bonadío– a los que el informe no objeta tanto por su actuación en las causas de corrupción como por su postura contraria a la intervención de la Oficina Anticorrupción.
La caracterización sobre Bagnasco en la detención de Alderete (ver recuadro) es “una de cal y una de arena como postura permanente”.
Después de detenerse en los antecedentes de Claudio Bonadío –”fue empleado de (Carlos) Corach”, recuerda–, el documento reconoce que fue el primero en procesar a Alderete, en el caso Medicsystem, pero menciona lo que dijo el magistrado en la causa del Grupo Yoma. “¡¡Dice que no hubo afectación del patrimonio del Estado...!!”, se enoja el informe. Aunque no lo aclara, el Grupo Yoma contrajo créditos incobrables con el Banco Nación por un monto cercano a los 75 millones.

Gustavo Literas: En la causa relacionada con Funeral Home “procesó a un integrante de la empresa por cohecho, mientras hizo un falta de mérito a los restantes y los funcionarios del PAMI denunciados”.

Juan José Galeano: “Recordar que tiene la causa AMIA y sus innumerables legajos paralelos”.

Luego del pelotón de jueces más objetados, el informe analiza la actuación de Juan José Galeano. Recomienda “recordar que tiene la causa AMIA y sus innumerables legajos paralelos”, aunque no queda claro si ese registro es en su favor o va en su contra, y describe su trabajo en el proceso contra María Julia por enriquecimiento ilícito (ver recuadro).
A continuación engloba a tres jueces bajo una actitud “ambigua” (ver recuadro). Y concluye destacando la actuación de Gabriel Cavallo, el único magistrado que no recibió objeciones. Adepto al bajo perfil, Cavallo investiga causas contra otros jueces, aceptó a la Oficina Anticorrupción como parte querellante y además, cuando el fiscal incluyó “un pedido de inconstitucionalidad de la ley que la creaba”, respondió con “una resolución muy dura”.

Los jueces ambiguos Por J.N. El documento engloba a tres jueces –María Romilda Servini de Cubría, Jorge Ballesteros y Gustavo Literas– como caracterizados “por sus actitudes ambiguas”. El texto del Gobierno afirma que los tres a veces imprimen ritmo a sus investigaciones y otras veces “denotan cierta reticencia a avanzar, o bien son simplemente ineficaces”. En el juzgado de Servini de Cubría “la causa que ha avanzado algo es una derivada a la fiscalía acerca de (la ex funcionaria menemista) ClaudiaBello”. Sin embargo, “aparentemente tiene mal direccionada otra causa sobre la UTE (Unión Transitoria de Empresas) de gerenciadoras de ópticas del PAMI”. Finalmente, el documento indica que Servini de Cubría “indaga en una denuncia por un asunto menor a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. Por la denominación del ministerio, puede inferirse que se trata de funcionarios de la actual administración, porque antes era simplemente Ministerio de Justicia. Ballesteros investiga dos causas por el PAMI. El informe asegura que en la primera “indagó, declaró falta de mérito y dispuso medidas sugeridas por la Oficina Anticorrupción”. En la segunda, por maniobras en pagos de deudas del PAMI, Ballesteros “procesó a Alderete por encubrimiento y ha llamado a indagatoria por exacciones ilegales al autor”. Al mismo tiempo, el juez investiga la “privatización fraudulenta de Tandanor”. Según el informe, “está apuntando a las empresas, y no a los funcionarios”. El tercer juez de actitud definida oficialmente como “ambigua”, Gustavo Literas, también lleva dos causas del PAMI. En una, relacionada con Funeral Home, “procesó a un integrante de esta empresa por cohecho, mientras hizo un falta de mérito respecto de los restantes y los funcionarios del PAMI denunciados”. En la otra investiga irregularidades en la contratación de una red odontológica en Paraná.

Las causas llamativas Por J.N. El informe analiza las tres causas más famosas contra ex funcionarios menemistas. La primera, en el juzgado de Adolfo Bagnasco, investiga a Víctor Alderete. Según el documento, Bagnasco “dicta el procesamiento de Alderete, pero en una causa menor, mientras que no lo hace en la grande por asociación ilícita, aunque sí le niega la exención de prisión y le impide la salida del país. Después de ello detuvo a Alderete y le está tomando declaración indagatoria”. El memo fue redactado antes de la semana pasada, por lo que no tuvo en cuenta lo ocurrido el viernes. Aunque había detenido a Alderete por asociación ilícita, Bagnasco decidió procesarlo sólo por defraudación (un delito con una pena más leve que la asociación ilícita), pero de todos modos negó la eximición de prisión. La segunda causa notable es la que Carlos Liporaci sigue contra Gerardo Sofovich. El documento sostiene que “desde el ‘96 está efectuando maniobras dilatorias sin tomar decisión alguna. Cuando la OA se presentó pretendiendo ser parte querellante (el juez determinó), la inconstitucionalidad, de oficio, de la reforma de la Ley de Ministerios. De todos modos con lo que tenía en la causa ya podría indagar a Sofovich y a varios más. La Sala II (de la Cámara Federal porteña) revocó su decisión de un modo muy duro”. El documento no llegó a poder incluir el dato de que, también el viernes pasado, finalmente Liporaci citó a Sofovich para indagatoria, aunque el ex titular de ATC logró postergarla para los primeros días de agosto. La última gran causa, en el juzgado de Juan José Galeano, imputa a María Julia Alsogaray. “En la causa por enriquecimiento ilícito, ella está en situación muy precaria y, habiendo el juez dispuesto indagatoria, no le puso fecha y no la concreta. Pidió nueva pericia, que está en curso”. Aquí también el documento quedó desactualizado: el miércoles, Galeano fijó para el 8 de agosto la indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito y leprohibió salir del país a la ex secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Carlos Menem.

Oficina Anticorrupción Una de las primeras decisiones del Gobierno fue inaugurar la Oficina Anticorrupción que conduce José Massoni. Resultado final de una vieja idea de Carlos “Chacho” Alvarez, el organismo fue creado mediante la Ley de Ministerios. Allí se estableció su dependencia de la cartera de Justicia y la facultad de “intervenir como parte querellante en los procesos”, lo que le permite acceder a los expedientes. La contraofensiva fue inmediata. En febrero, los abogados de Víctor Alderete presentaron un pedido para que la Oficina se apartara de la causa. Argumentaron que su creación fue inconstitucional, ya que sus facultades se superponen con las del Ministerio Público e interfieren la independencia de los poderes. Como se infiere del documento obtenido por Página/12, la mayor parte de los jueces federales adoptaron este razonamiento –u otros similares– impidiendo al organismo participar de los procesos. Una postura que fue desestimada por la Cámara Federal, que avaló la constitucionalidad de la Oficina y le permitió seguir los procesos como querellante. Pero, más allá de la disputa jurídica, lo cierto es que el tema también tiene un costado político. En efecto, el informe funciona como respuesta a una pregunta que se hacen muchos funcionarios: ¿por qué no avanzan con más velocidad las causas por corrupción? Es que, aun después de la detención Alderete, la primera línea del Gobierno sigue ansiosa por concretar aquella promesa electoral que decía que “esta vez, los corruptos irán a la cárcel”. Una tarea nada sencilla. Varios altos funcionarios de la Casa Rosada consultados por Página/12 dijeron que, aunque siempre destacarán el principio de independencia del Poder Judicial, su diagnóstico es que muchas causas se están dilatando. Desde la otra vereda, muchos dirigentes justicialistas sostienen que la Oficina centraliza la persecución contra los ex funcionarios menemistas. “Es una Oficina Antiperonista”, la definió Carlos Menem.

EL PIRATA ROBY