martes, 27 de noviembre de 2007

OTRO SEÑOR JUEZ - JUSTICIA PARA POCOS



El Dr. Josè Massoni, con quien tuve el gusto y el honor de trabajar cuando era Secretario de la Sala III de la Càmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, escribiò un libro sobre su experiencia personal en el Fuero Penal. Soy testigo directo de su honradez, de su capacidad para el trabajo, de su humildad y de su don de gente. Pepe: te felicito por tu libro, y espero que pronto nos deleites con otro. Un abrazo.

EL PIRATA ROBY

Enfoques
Publicado en la ed. impresa: Enfoques
Domingo 23 de setiembre de 2007
Entrevista

Justicia para pocos

José Massoni pasó casi toda su vida en el fuero penal de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, jubilado, acaba de publicar La Justicia y sus secretos , libro de inusitada dureza crítica sobre la "corporación judicial", en el que no sólo cuestiona que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias sino que los acusa de actuar, en muchos casos, movidos por prejuicios de clase que perjudican a los pobres

Escribió que la gente tiene razón cuando dice que en la Argentina no hay Justicia, porque la gran mayoría no tiene acceso a ella. Sostiene que el Poder Judicial es una corporación que no resuelve los conflictos de todos, básicamente, porque una enorme cantidad de sus miembros desconoce la realidad.

El que lo dice no es un político opositor en campaña, ni un revolucionario antiestablishment. Tampoco un observador imparcial ni un teórico del Derecho. José Massoni pasó casi toda su vida en el fuero penal de la ciudad de Buenos Aires -donde fue secretario de juzgado y de Cámara, fiscal, juez y juez de Cámara- y arribó a este diagnóstico extremadamente crítico a partir de su experiencia de casi 40 años en el Poder Judicial. Con el deseo de aportar para que algo mejore, recientemente escribió el libro La justicia y sus secretos , que publicó Editores del Puerto, y que incluye propuestas de cambio concretas además de cuestionamientos.

Massoni, que tras su trayectoria en la Justicia fue titular de la Oficina Anticorrupción cuando se creó, en 1999, durante la gestión de Fernando de la Rúa, asegura que no hay ninguna razón válida para que las declaraciones juradas de los jueces sigan sin ser públicas y califica como "un verdadero disparate, que no tiene perdón" el hecho de que los magistrados no paguen el Impuesto a las Ganancias con el argumento de la intangibilidad de sus salarios.

Con 66 años, casado, padre de dos hijas y abuelo de cinco nietos, vive en su casa de siempre en Parque Chas y es jubilado desde 2002. Pero está muy preocupado por la Argentina, por la calidad de sus instituciones y, obviamente, por la calidad del Poder Judicial. Por eso, dice decidió escribir el libro.

-¿Por qué publica ahora La justicia y sus secretos ?

-Estoy muy interesado en tener un Poder Judicial que realmente sea valioso y que esté al servicio de una Argentina democrática. Cuando digo democrática me refiero a que sea igualitaria, participativa, que llegue a todos, y no una Argentina que tenga instituciones que se mueven para una fracción y que, en el mejor de los casos, abarcan a la mitad de la población que no es pobre.

-El diagnóstico del estado actual del sistema de administración de justicia que pinta en su nuevo libro es extremadamente crítico. ¿No se siente usted algo frustrado por haber pasado en el Poder Judicial casi toda su vida?

-Frustrado no, de ninguna manera. El libro es la continuación de una lucha. Siempre luché por una Justicia mejor, busqué caminos para encontrarla. Yo estoy absolutamente tranquilo de que todas las causas que pasaron por mis manos se resolvieron de la manera que yo creo que fue la mejor. Pero esto sucede con una cantidad de gente en Tribunales, que está francamente interesada por esos valores, pero que se pierde en una conformación institucional que es realmente como la gente del común piensa: una corporación que no conoce a fondo la realidad de lo que pasa. Porque su mundo se limita a lo que ocurre entre las avenidas del Libertador-Figueroa Alcorta, Callao, Pueyrredón y Corrientes hasta el río, y, cuanto mucho, lo que pasa en Bella Vista o Adrogué.

-¿Por qué asegura que la inmensa mayoría de las personas no llega con sus problemas a la Justicia argentina?

-Las cosas están organizadas y funcionan de modo tal que las grandes mayorías del país no tienen acceso a la Justicia. Un primer grupo no conoce sus derechos ni sus posibilidades de reclamar. Otro grupo los conoce, pero no logra sortear los innumerables obstáculos que presenta el sistema (como la necesidad de contar con un abogado o las distancias que separan a la gente sin recursos de la mayoría de los Tribunales, por ejemplo). Finalmente, el reducido grupo de privilegiados que accede, no consigue nada -o muy poco-, porque la Justicia demora y generalmente resuelve en contra de los intereses de los más pobres.

-En el libro, usted señala la importancia de quebrar un prejuicio de clase que posee la mayoría de la magistratura. ¿En qué consiste el prejuicio que identifica?

-Los miembros de la magistratura cuentan, a partir de una ignorancia estólida acerca del mundo tangible de las mayorías argentinas, con un prejuicio que en muchas ocasiones es inadvertido por sus portadores, que se sienten inyectados de fluidos de equidad y justicia que creen derramar con imparcial rectitud sobre los destinatarios de sus resoluciones. El valor internalizado en la gran mayoría del cuerpo de operadores de la justicia es que "los negros" (es decir, el populacho que componen todos los que no son ellos mismos, exceptuando a los miembros de la clase media exitosos económicamente), cuando llegan ante sus estrados, en principio, no tienen razón en nada y, si la tienen, no hay que dársela.

-¿Cree que su diagnóstico es compartido dentro del Poder Judicial?

-Pienso que muchas personas, que no son ni de lejos la mayoría, saben que esto es así, y lo saben conscientemente o, cuanto menos, lo sienten, lo vivencian cada día. Estoy seguro de que los jóvenes que ingresan lo hacen como lo hizo la gran mayoría de toda la historia judicial, con entusiasmo, con intenciones de contribuir de la mejor manera a la justicia entre la gente. Y hay una importante cantidad de empleados que sienten y saben que esto es así, así de crudo y así de terrible.

-¿Explíqueme por qué dice que la Corte Suprema está integrada por 200 jueces?

-Es simple. Porque hay siete ministros (en el pasado fueron cinco y luego nueve), pero además 193 secretarios de Corte que tienen el rango de jueces de Cámara o jueces de primera instancia. Esto sucede cuando, para toda la Justicia nacional -la federal para el país entero y la local para la ciudad de Buenos Aires-, los magistrados son 810. Por eso, la comparación duele por absurda. Existe un gran problema de sobredimensionamiento del poder de la Corte que, paulatinamente, a través de los años, fue tomando competencias sobre más y más cuestiones, básicamente a partir de la llamada "doctrina de la arbitrariedad". Esto originó varios problemas, como la imposibilidad de los jueces de la Corte de resolver los asuntos por una cuestión material y la lentificación de todo el proceso judicial. Además le quitó valor a las decisiones de los jueces de instancias inferiores, de los lugares donde efectivamente se habían suscitado los problemas. Hay algunos indicios de que la Corte está ahora intentando desembarazarse de estas cuestiones.

-Más allá de la mayor cantidad de trabajo, ¿ cómo y por qué cree que se llegó de cinco a 200 "jueces"?

-No me atrevería a dar una respuesta categórica acerca de cómo se llegó a ese número. Pero, con seguridad, una de las causas que lo permitieron fue la falta de control sobre la Justicia que tiene la sociedad.

-¿Qué haría usted con esos empleados si la Corte lograra, en el futuro, reducir su competencia?

-Yo creo que sería una magnífica fuente que tendría el Consejo para rediseñar el Poder Judicial, apoyando todos los sitios que se encuentran con flaquezas, que son justamente aquellos que son más cercanos a la sociedad desprotegida. El único remedio frente a las resistencias de la descentralización es la participación social de las organizaciones vinculadas al quehacer jurídico, de ciertos abogados genuinamente interesados por una mejor justicia, de los sindicatos y las agrupaciones vecinales. Esa puede ser una red entramada que realmente consiga llevar a la Justicia hacia donde tiene que ser ejercida, que es en el conjunto del seno de la sociedad y no entre cuatro paredes, aislada, de cristal.

-Debe de ser más fácil resolver asuntos sin conocer a los protagonistas

-Es más fácil, sin duda. Yo se lo digo desde la experiencia de haber ejercido en un tribunal oral. Uno, cada día de audiencia, vivencia varias tragedias. Y tiene que resolver problemas dramáticos de una manera casi siempre insuficiente para ser realmente justa. Por supuesto, es más difícil ser un juez que resuelve sobre gente que un juez que resuelve sobre papeles. Pero también es más satisfactorio como función social.

-¿Quién cree que podría impulsar un cambio en la línea que usted plantea, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es probablemente el más resistente a las reformas? ¿Cuánto tiempo estima que duraría el proceso de reforma?

-La sociedad en general, haciéndose cargo de que ella es -o debería ser- la dueña de su Justicia. Tendría que utilizar como instrumento a los políticos y, más específicamente, al Consejo de la Magistratura, al que hay que exigirle que tenga un verdadero control sobre el funcionamiento concreto del Poder Judicial. Si hay una decisión política fuerte, que implique un compromiso político general de que debe solucionarse la asistencia de justicia a la población, creo que en 10 años podríamos estar muchísimo mejor. Esto es esencial porque no hay mejor momento de descreer de la democracia y terminar en manos de dictadores, populistas o cualquier forma espúrea de gobierno que cuando las instituciones no le dan respuestas concretas a la gente. Si hay millones y millones de personas a las que no se les responde cuando sus derechos son violentados, ellos van a estar legitimados para elegir otra forma.

-¿Cuáles son algunas de sus propuestas para mejorar la Justicia?

-Que exista una ley nacional de acceso pública, que obviamente incluya al Poder Judicial. Que se sancione una ley de lobby y que se utilice el procedimiento de elaboración participada de normas, para que las leyes tengan mayor legitimidad. Que se establezca de una vez por todas el juicio por jurados. Que los fiscales sean elegidos por voto popular, porque tras la instalación de un procedimiento acusatorio con principio de oportunidad (que les permitiría la selección de los casos a investigar), deberían tener estricto control de la ciudadanía. Y, para romper con este divorcio tremendo que existe entre sociedad y Justicia, creo esencial que se descentralice la Justicia y se avance en el diseño e implementación de una "pequeña Justicia", porque sería una escuela de democracia y aprendizaje social, de ciudadanía y de poder. En definitiva, todo pasa por una verdadera profundización de la democracia, que sea igualitaria y participativa, que logre quebrar los esquemas y estructuras que se han ido haciendo costra y se han anquilosado.

Por Laura Zommer

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3 comentarios:

Unknown dijo...

DR. JOSE MASSONI - OFICINA ANTICORRUPCIÓN
En principio estoy totalmente de acuerdo con lo que acabamos de oír en cuanto a las generalidades que se
pueden decir sobre el derecho a la información. Este es un derecho constitucional que evidentemente está muy
claramente expuesto, pero que debe ser reglamentado y lograr que salga una ley que lo reglamente es
indudablemente objetivo base para un Estado democrático de derecho que pretenda ser participativo. Además
es absolutamente elemental para elevar el nivel de nuestra democracia. Desde la Oficina Anticorrupción ésta
es la idea preliminar con la que empezamos a trabajar desde un comienzo.
Ya más específicamente encarándolo desde la perspectiva de nuestras incumbencias de órgano de aplicación
de la Comisión Interamericana de la Corrupción, recordemos que la oficina está delineada de modo tal que
podamos atender a los dos requerimientos básicos de una lucha contra la corrupción. Existe un brazo
investigador, un brazo disuasivo, un brazo represor, que es la dirección de investigaciones. Y otro que es la
dirección de planificación de políticas de transparencia, que -como el nombre lo está indicando- ha estado
naturalmente ligado a un tema como éste. Siendo por añadidura la dirección la que en una hipótesis más
favorable debería ser la que tiene la proyección más grande, la que debe marchar hacia el futuro, la que debe
tener éxito justamente en lo más importante: lograr un vallado institucional contra los hechos de corrupción,
tratando de impedirlos y eventualmente, en caso de que acontezcan algunos como seguramente van a seguir
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aconteciendo en alguna medida, esos serán los que se persigan. Obviamente que la dirección de Políticas de
Transparencia tiene muy claro algo que también es básico, pero que no puede dejar de decirse: la información
es absolutamente necesaria para que el ciudadano participe y para que a su vez pueda peticionar. Pero para
peticionar tiene que saber y esto nosotros lo hemos comprobado con todo nuestro trabajo. Ocurre que el
ciudadano no sabe, y una y otra vez más la queja unánime de casi todos los sectores es que la adminis tración
no quiere que sepa. Es decir, tiene como una especie de reflejo automático con lo cual niega la información
todas las veces que puede, sea explícitamente o por omisión, no contestando. Esto es una constante, es una
manera de trabajar que tiene el Estado argentino que viene desde siempre y que hace a un tipo de concepción
política de la cual, obviamente, tenemos que salir.
Pero específicamente desde el punto de vista de la misión de la Oficina Anticorrupción, la posibilidad de
controlar implica la necesidad de la información. La necesidad de información es absolutamente capital para
nosotros en la lucha contra la corrupción y esto de controlar es algo que nosotros hemos podido advertir a
través de la interacción de las dos direcciones de la oficina. Porque la dirección de investigaciones informa a
la dirección de planificación cuáles son los mecanismos que están detrás de los casos de corrupción que
detectan. A su vez la dirección de planificación de políticas de transparencia le informa a la dirección de
investigación cuáles son los modos y lugares en donde más posiblemente pueden haberse producido casos.
Esta interacción ha demostrado -sin ninguna duda- de que la inmensa mayoría de los casos de corrupción son
un problema de falta de control, que es un problema de desinformación. Es no saber lo que pasa, es -en
definitiva- la oscuridad, la sombra, el Estado que se mueve independientemente de la sociedad flotando por
encima de ésta y tiene, por supuesto, consecuencias que pueden dar para muchos temas. Por ejemplo: el
desprestigio de la política, la fragilidad del sistema, el peligro en que puede terminar cayendo el sistema
democrático en la medida en que no responde a este tipo de cosas.
En todas estas cuestiones el derecho a la información es absolutamente capital. Por eso es que pensamos que
no solamente debe haber una ley que tenga que atender exclusivamente a las necesidades del periodismo, de
la difusión a través de los medios o a los interesados directos. Acá debe haber una política activa. Creo que la
tienen que asumir principalmente los partidos políticos. Creo que sería su deber para que el acceso a la
información -una vez que tengamos la ley- la sepan, la conozcan y la usen las Organizaciones no
Gubernamentales, como también los ciudadanos en general. Recién ya se dijo cómo todos los ciudadanos
tienen que usar ese instrumento, que hay que procurarles el saber y los medios. Desde esa perspectiva se
encaró el trabajo junto con la Secretaría de Justicia. Los investigadores de la Oficina tomaron como base los
proyectos que estaban para elaborar un borrador, tomaron los proyectos que efectivamente están ya en el
Parlamento, algunos con estado parlamentario, otros no, como ya se dijo antes. Son 14 los que hay desde el
año 98 hasta el 2001, que se han venido presentando. Así que se procuró hacer una suerte de composición de
todos esos basándose en ellos, además de en la ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires, que es una de las leyes
que ya están vigentes, y de aquellos 14 proyectos se tomaron especialmente algunos. Es decir, se vieron todos,
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pero se puso mayormente el acento en el proyecto de Berhongaray y otro de Carrió y Bravo, sin perjuicio de
todos los demás, entre los que están los de Das Neves y Paluch, Fernández, Losada, Romero Feris, Melgarejo,
Farell, etc.. Se hizo un borrador que procuraba sintetizar lo que en un juego político lógico dentro del
Parlamento vendría saliendo de todos estos proyectos de acuerdo a la composición que el propio Parlamento
tiene. La Oficina organizó una serie de talleres, dentro de un sistema que tiene que ver con la participación y
la información, que es lo que en castellano llamamos “elaboración participada de normas”. Esta elaboración
participada de normas consiste en convocar a los que van a ser los principales actores. Insisto que en la ley de
información hay que procurar que los actores sean todos los ciudadanos, pero bueno, a los principales actores
es posible convocarlos, presentarles este borrador de anteproyecto que hicimos y recibir de ellos todas las
opiniones que les susciten. A partir de allí se reconstruye y se vuelve a repartir. Más allá de eso también se
convocó a personalidades que están ocupadas en esto. Al mismo tiempo se puso este borrador en la página
desde donde se reciben comentarios.
Este es un trabajo que mejora la calidad de la democracia. Fíjense Ustedes que en la medida en que participan
los actores en la elaboración de normas (esto es válido no solo para ésta sino para cualquier ley), se está
asegurando la intervención de los que realmente saben sobre el tema, más allá de lo que puedan saber los
técnicos, los políticos y los que van a actuar con la ley. Entonces esto se lleva al Parlamento y éste cuenta con
algo sólido, con un bagaje importante de aportes de primera calidad y está casi asegurada una efectiva
vigencia de la ley. No va a ser una ley que esté “en el aire”. En este tema que hoy nos ocupa nosotros hicimos
un taller con empresas que se vinculan normalmente con el Estado. Participaron 22. Otro taller con medios de
comunicación, participaron 14. Otro con periodistas, participaron 10. Otros con académicos y representantes
de ONGs, 30 participantes. Y un último taller con funcionarios del Estado que administran bienes e
información del Estado. Y también tuvimos la opinión realmente muy interesante del Dr. Abid Hussain, el
relator especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión que tomó noticia de todo lo que estábamos
haciendo al respecto y dejó caer una frase que yo se las transmito: “en la democracia, muchas veces el
procedimiento es más importante que el resultado”. Con estas ideas, con esta convicción es que hemos
seguido trabajando y estamos en proceso de terminar lo que va a ser el proyecto que procuramos llegue al
Congreso. Estamos trabajando ya en los últimos detalles, junto con los Dres. Rejman, Farah, Saba y
Caracciolo. De todas maneras no va a ser fácil, no es un tema sencillo, hay muchos puntos, como ya se dijo,
que van a ser motivo de discusión. También queremos prevenirle al Congreso y le avisamos a Ustedes que
hemos hecho un relevamiento de legislación vinculada. Vamos a llevar al Senado y a Diputados las normas
que tocan este tema y que los legisladores tienen que compatibilizarlas con la ley de acceso a la información.
Son, entre leyes y decretos, 15, porque tenemos cuestiones de información que son específicas y que hay que
integrar en esta ley. Así, a título de ejemplo: procedimientos fiscales; INDEC; Comisión Nacional de
Valores; Procedimiento Administrativo; reglamentos administrativos; de la SIDE, Gastos Reservados y
Decretos; plazos mínimos de conservación de documentos; reorganización del Archivo General de la Nación;
ley de entidades financieras; confidencialidad de la información; Habeas Data; y lavado de dinero. Es decir
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que el panorama no es sencillo, no es fácil. Hemos avanzado mucho, creo que tenemos una decisión muy
fuerte. Reitero que pienso que hay una decisión política muy fuerte, que el esfuerzo vale la pena y que vamos
a salir bien".-

Discurso del Dr. Massoni en la CONFERENCIA: “Acceso a la Información: un Derecho a Implementar”
17 de octubre de 2001.-
Auditorio Universidad Torcuato Di Tella

Unknown dijo...

“Empresa ilícita en favor de intereses particulares”

La Oficina Anticorrupción definió como una “asociación ilícita” a Víctor Alderete y el grupo de confianza que dirigió el PAMI.

Víctor Alderete, acusado de ocasionar grandes pérdidas.
Para Massoni, actuó de forma “organizada y permanente”.


Por Adriana Meyer

“Es la denuncia más grave”, se sinceraron los abogados de Víctor Alderete tras tomar conocimiento de la nueva presentación contra el ex presidente del PAMI, que podría llevarlo a la cárcel. Tal como adelantó Página/12 en exclusiva, la Oficina Anticorrupción lo acusó ayer de haber liderado una asociación ilícita para cometer los delitos de violación de los deberes de función, prevaricación administrativa y defraudación.
“El déficit reconocido de 654 millones de pesos es la más clara herencia del paso del Grupo Alderete por el Instituto”, afirmaron los denunciantes al explicar las “gravísimas” consecuencias patrimoniales que sufrió el PAMI. Y agregaron que el querellado desplegó una “empresa ilícita a través de la implementación organizada y permanente de un sistema de gestión que les permitió dirigirla en beneficio de intereses particulares distintos del público al que está destinado”.

Massoni pidió al juez federal Adolfo Bagnasco –en cuyo juzgado recayó la presentación– la declaración indagatoria de los nueve imputados, todos ellos integrantes de la denominada Unidad Presidente: Víctor Adrián Alderete; su hijo, Alejandro Tomás, que ocupaba el cargo de gerente de Acción Cultural y Desarrollo Social; Gonzalo Painceira; Ramiro Porto; Víctor Luaces; Pablo Garcilazo; Aldo Ferrante; José Antonio Fernández del Río y Celso Bergia. Además pidieron la captura de Alderete –uno de los ex funcionarios más defendidos por el ex presidente Carlos Menem– por si no acude a una eventual citación judicial. El jefe de la Oficina, José Massoni, aseguró que el último directorio del PAMI aprobaba todo en “reuniones formales”, aunque en la querella no incluyeron a miembros de la cúpula porque “sólo abarca a la gente que trabajaba estrechamente ligada al presidente”. Los investigadores determinaron que esas personas concentraron un “poder discrecional” y eran “compañeros de negocios o parientes” de Alderete.
“Puede advertirse la organizada sistematicidad con que ha reproducido tanto el modo irregular y licencioso con que se manejara el patrimonio del ente público en beneficio de intereses particulares, como la forma arbitraria e ilegítima con que se tomaran las decisiones más importantes”, dice el escrito de Massoni, que cuenta con 154 carillas. Uno de sus colaboradores aseguró a este diario que “no podemos afirmar si es más o menos comprometedora pero estamos seguros de que es la denuncia que tiene más información interna del PAMI y su valor agregado es que esos datos fueron obtenidos de adentro de la administración de la obra social porque la Oficina trabajó allí”.
La práctica sistemática descripta en la denuncia consistió en la neutralización de las áreas de control y en la obstaculización de las tareas de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación. Además, según la Oficina, Alderete cercenó los controles internos y “cuando el personal encendía luces rojas sobre el deterioro de la calidad prestacional y el manejo financiero esa información era sistemática y selectivamente cajoneada, lo que redundó en condiciones infrahumanas de trato a los ancianos y puso en riesgo la continuidad de las prestaciones”.
En el capítulo titulado “el diseño de la corrupción”, la presentación de Massoni detalló que “a lo largo de la gestión de Alderete se eludió toda restricción que le permitiera al Instituto y a sus beneficiarios mantener un control de calidad prestacional y financiero de los servicios médicoasistenciales”, lo cual “tuvo su consumación en la escandalosa licitación de las redes”. Y concluyeron que el reglamento de contrataciones y compras “profundizó la implementación de una política de excepción, bajo el concepto de ‘ente público no estatal’ como patente de corso”. A modo de ejemplo, señalaron que en los contratos de Funeral Home y Fe.Ge.Ra “el Instituto cedió a las gerenciadoras la administración de los servicios para que éstas las gestionasen con discrecionalidad, sin fijar ni el montoque se pagaría a los prestadores por el servicio ni el criterio que se debía seguir para fijarlo”.
León Arslanian y Jorge Edwin Torlasco, abogados defensores de Alderete, aseguraron ayer en los tribunales que el ex funcionario está en el país y no tendría impedimentos para presentarse ante la Justicia. Los letrados mantuvieron una corta entrevista con Bagnasco. Ahora, el juez convocará a los funcionarios de la Oficina para que ratifiquen su denuncia y luego dará vista al fiscal del caso. Aunque Bagnasco aún no ha fijado posición al respecto, funcionarios judiciales especulan con que termine cuestionando la legitimidad de Massoni como querellante, debate que ya está planteado en otros despachos.-

Unknown dijo...

LOS ABOGADOS DE ALDERETE QUIEREN APARTARLO DE LA CAUSA
El ataque más duro contra Massoni
El cuestionamiento más duro contra el jefe de la Oficina Anticorrupción partió de Torlasco, quien iba a ocuparla, y el ex ministro Arslanian. Reclamaron a la Justicia que Massoni se corriera de la causa.
José Massoni, jefe de la nueva Oficina Anticorrupción que depende de Justicia.
Arslanian y Torlasco pidieron que se anulara el decreto que creó el organismo.

t.gif (862 bytes) Por Adriana Meyer
@La Oficina Anticorrupción ya recibió su primer disparo y fue directo al corazón. Y la paradoja consiste en que el tirador es el abogado que fue el primer candidato para dirigirla. Jorge Edwin Torlasco –junto a su socio León Carlos Arslanian– presentó ante la Justicia un pedido para que ese organismo sea separado de su rol de querellante en las causas en las que está imputado el ex presidente del PAMI, Víctor Alderete. Los investigadores anticorrupción relativizaron el efecto de la movida de los abogados. “Nuestra competencia no está en discusión, está basada en una ley de la Nación” señalaron, aunque admitieron que “si tienen éxito la lucha contra la corrupción se vería afectada”.
Torlasco se había negado a aceptar el cargo aduciendo que no le habían asegurado la autonomía funcional suficiente, la misma que ahora le cuestiona a Massoni.
Los abogados de Alderete desplegaron su estrategia en el juzgado federal a cargo de Gabriel Cavallo, quien investiga una denuncia contra Alderete que formuló en septiembre Ricardo Monner Sans por la presunta compra directa de audífonos para hipoacúsicos a un valor que duplicaría el de mercado, a una empresa de reciente formación. Técnicamente, solicitaron una “excepción de falta de acción” y pidieron no sólo que Massoni pierda su atribución de querellante sino que sea anulado el decreto que le dio dicho carácter.
En el escrito, al que tuvo acceso Página/12, argumentaron que “la facultad conferida al Ministerio de Justicia (y por delegación a la Oficina Anticorrupción) de actuar como parte querellante no resulta aplicable en este caso” porque el PAMI se encuentra “fuera del ámbito estatal y, además, sus fondos no pertenecen al erario”. Los ex camaristas –que en 1985 juzgaron a los ex comandantes– recordaron que “la naturaleza jurídica del Instituto” es la de “ente público no estatal”, y que la Corte Suprema estableció que los fondos de la obra social de los jubilados no pertenecen al Estado sino que “provienen del sector privado y son destinados a dicho sector”.
En segundo término, Arslanian y Torlasco indicaron que “la Oficina Anticorrupción no tiene facultad alguna, por lo menos en la esfera judicial, para actuar de manera autónoma” porque debe actuar “en forma concurrente con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas”.
Concluyeron que “la intervención en la causa en carácter de acusador particular de quien no está facultado legalmente para ello resulta en desmedro del derecho de defensa y de la garantía del debido proceso”, y que la oficina que conduce el ex juez Massoni “se ha extralimitado de lo que resultaría ser su ámbito de competencia y, por ende, no existe sustento legal alguno para otorgarle el rol de querellante en este proceso”.
Cavallo recibió otra copia de la misma presentación pero sobre otra causa en la que está imputado Alderete, por presunto encubrimiento de sobreprecios. Esta denuncia también fue impulsada por la Oficina tras el hallazgo de un expediente administrativo sobre irregularidades en la organización de una jornada en Mar del Plata, en 1994. Ese documento estaba entre las 96 cajas que el ex funcionario se llevó del PAMI, poco antes de abandonar el poder. El juez aún no se expidió y dio intervención al fiscal Carlos Cearras.
La posibilidad de ser querellante que posee la Oficina, creada por la ley de Ministerios, le permite tomar parte activa en todas los procesos que ya están investigando las denuncias de corrupción del gobierno de Carlos Menem. Un denunciante no tiene acceso al expediente mientras que un querellante sí. De todos modos, los hombres de Massoni aseguraron a Página/12 que confían en la solidez de sus iniciativas, por lo cual las denuncias que presentaron y presentarán no se verían afectadas.
Si bien reconocieron que la jugada apunta a la esencia de la actividad que despliega la Oficina porque “la capacidad de querellar es una de lasherramientas más importantes para ser efectivos en la lucha contra la corrupción”, destacaron que “nos quedan muchas otras facultades de averiguación de datos y búsqueda de la verdad para hacer denuncias”.
También reconocieron que es posible que otros defensores de ex funcionarios adopten el modelo trazado por Arslanian y Torlasco pero dijeron creer que la mayoría de los jueces desestimarán sus pedidos. “Quizás logren dilatar los procesos, porque seguramente habría apelaciones, pero eso no afectaría nuestra capacidad de denuncia”, expresaron.
Sobre la supuesta superposición con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los investigadores explicaron que “concurrencia sólo significa que se puede o no actuar en forma conjunta con ellos, pero la concurrencia igual no nos inhabilitaría”.