El miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le impuso un castigo ejemplar a Sobisch, en cuanto gobernador de Neuquén. Le dijo que la publicidad oficial no debe ser adjudicada de modo discriminatorio.
Representan a dos provincias petroleras de la Patagonia.
¿En qué otra cosa?
Cada uno a su modo, ambos gobiernan a cara de perro.
¿Algo más?
No les gusta que la prensa los critique. Y si lo hace, le quitan la publicidad oficial.
El miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le impuso un castigo ejemplar a Sobisch, en cuanto gobernador de Neuquén. Le dijo que la publicidad oficial no debe ser adjudicada de modo discriminatorio. Y lo condenó a que, antes de un mes, su gobierno presente un plan de distribución de esa pauta “respetuoso de las reglas consagradas” en el fallo.
¿Le ocurrirá algo similar a la Gestión K, llegado el momento?
Caso testigo. Resulta que, en diciembre de 2002, el diario Río Negro –propiedad de la familia Rajneri– reveló que Jorge Omar Sobisch había participado de oscuras maniobras parlamentarias para designar una tanda de jueces amigos. Una vez publicada la primicia, la reacción de la Provincia fue instantánea: dejó de comprar espacios publicitarios en el Río Negro, lo que hasta entonces era habitual.
El caso llegó a la Corte Suprema, ya que se trataba de un conflicto entre una empresa con personería jurídica en una provincia y las autoridades de otra.
Casi cinco años pasaron hasta que, con una mayoría de cuatro a tres, el Máximo Tribunal fijó su posición. Dice el fallo mayoritario, firmado por Ricardo Lorenzetti –presidente de la Corte–, Elena Highton, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni:
• “Se ha probado que el Estado provincial contrató publicidad oficial con la editorial reclamante, la interrumpió luego de la noticia y la volvió a otorgar después de promovida la demanda”.
• “El Estado tiene libertad para asignar recursos, pero no puede hacerlo como un modo indirecto de limitar la libertad de expresión”.
• “El Gobierno no sólo debe evitar medidas orientadas directamente a limitar la libertad de prensa, sino también aquellas que producen el mismo resultado de manera indirecta. El factor económico tiene una fuerte influencia en la prensa actual, y la distribución de publicidad no debe ser utilizada para afectar la libertad de expresión”.
• “El Estado no puede asignar los recursos de manera arbitraria, ni en base a criterios irrazonables”.
• “En el caso se quitó temporariamente la publicidad como un modo de censurar indirectamente una noticia del diario que era inconveniente para el Gobierno, lo cual no está permitido por el Derecho argentino”.
• “Esta sola medida es suficiente para configurar un acto prohibido, y no es necesario que se demuestre un perjuicio patrimonial determinado o la asfixia económica”.
• “Es deber de los Tribunales proteger a los medios para que exista un debate plural sobre los asuntos públicos, lo que constituye un presupuesto esencial para el gobierno democrático”.
En un voto común, los jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi coincidieron con la mayoría en que “la negativa de publicidad oficial puede constituir una afectación de la libertad de prensa”, pero consideraron insuficientes las pruebas aportadas por el diario Río Negro.
También por la negativa votó Juan Carlos Maqueda. Sostuvo que la inclusión o no de publicidad oficial en un medio debe ser considerada “parte del riesgo del negocio” periodístico. Votó en soledad.
Gracias, Kirchner. Desde que asumió, el 25 de mayo de 2003, el Gobierno destinó “en blanco” (porque también ofrece pauta “en negro”) casi $ 650 millones a gastos publicitarios, que fueron creciendo en forma proporcional a sus ambiciones políticas:
• 2003: $ 46,2 millones.
• 2004: $ 99,8 millones.
• 2005: $ 127,4 millones.
• 2006: $ 209,6 millones.
• 2007: $ 164,7 millones en el primer semestre, de los $ 202,8 millones presupuestados (ver recuadro).
En sus denuncias nacionales e internacionales sobre la distribución discrecional y discriminatoria de dicha pauta, PERFIL utilizó argumentos casi idénticos a los esgrimidos el miércoles 5 por la Corte Suprema, al expedirse sobre la causa “Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén Provincia del s/acción de amparo”.
Es la misma Corte Suprema surgida de la, acaso, más atinada e institucionalmente potente decisión de Néstor Kirchner. Es cierto que el posterior copamiento pingüino del Consejo de la Magistratura, la defensa de los superpoderes y los decretos presidenciales, y otros escándalos aún más escandalosos, opacaron aquella determinación original. Pero la Corte sigue ahí, despachándose.
Kirchner no tiene razón, en síntesis. Igual gracias, Kirchner.
Publicidad oficial, democracia y autoritarismo
• El Presupuesto 2006 destinó $ 141 millones a la publicidad oficial. El gasto final fue de $ 209,6 millones.
• Eso representó un aumento del 64,4% respecto del gasto final en 2005, que fue de $ 127,4 millones.
• El Presupuesto 2007 destinó $ 202,8 millones a la publicidad oficial. Sólo en el primer semestre se gastaron $ 164,7 millones, es decir, más del 80% de lo presupuestado.
• Al cabo del primer semestre de 2006 se habían gastado 101 millones. De enero a junio de este año se gastó 63% más.
• El secretario de Medios de la Nación, Enrique “Pepe” Albistur, sostuvo que ese aumento se debe a la inflación. Pero la inflación –al menos por lo que nos cuenta el INDEC– jamás llegó a tanto.
Sostiene la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una prestigiosa ONG que monitorea el gasto oficial en publicidad:
• “El manejo discrecional de la pauta publicitaria puede impactar negativamente sobre la libertad de expresión si es utilizada para beneficiar a los medios afines y castigar a las voces críticas.”
• “También puede introducir distorsiones en la competencia electoral si los fondos son usados en beneficio de los candidatos oficiales.”
La ADC promueve una regulación de la pauta oficial, como en España o Perú. Chile y Uruguay avanzan en ese sentido. En la Argentina se presentaron seis proyectos. Están cajoneados.
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