La transparencia exige compromiso
La postergación a instancias del gobierno nacional de la visita de un grupo de expertos en corrupción de la Comisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que estaban listos para viajar a Buenos Aires, constituye otra decisión perjudicial para la imagen del país. En efecto, el viaje de los delegados del organismo internacional, que tenía por objetivo evaluar el funcionamiento de los mecanismos instituidos para luchar contra la corrupción, estaba previsto desde el 24 hasta el 28 de septiembre último, pero, a solicitud de las autoridades argentinas, fue diferida hasta el 10 de diciembre próximo.
La molestia provocada por la postergación de la misión no se hizo esperar y, a través de una carta a las autoridades argentinas, el grupo de trabajo de la OCDE sobre la corrupción manifestó su "profunda preocupación" por el cambio de fechas. Asimismo, la organización advirtió que "el aplazamiento en el último momento de la fecha convenida para una misión sobre el terreno puede perturbar gravemente el proceso continuo de evaluación". Cabe recordar que las misiones enviadas por la OCDE forman parte de una de las obligaciones que la Argentina asumió cuando suscribió la convención del organismo internacional.
Un vocero de esa entidad señaló que las autoridades argentinas habían dicho que el cambio de fechas obedecía a que algunos de los funcionarios con los que querían entrevistarse los miembros de la comitiva no iban a estar disponibles. Esa clase de visita constituye un elemento importante para los países que han adherido a la convención, ya que se trata de hacer una evolución general del sistema de lucha contra la corrupción y, en particular, contra la corrupción transnacional. No se trata de investigar un caso concreto ni es un equipo de investigadores o policías el que se moviliza. Persigue determinar la eficacia del sistema para combatir la corrupción.
La respuesta dada por el gobierno del presidente Néstor Kirchner para diferir la fecha de la visita del grupo de expertos en corrupción no resulta convincente. Por el contrario, todo parecería indicar que la postergación fue decidida teniendo en cuenta las elecciones presidenciales y la necesidad de las autoridades de evitar alguna conclusión negativa o comentario desfavorable que cuestionara la transparencia y honestidad del gobierno nacional, con el temor de que ello pudiera haber incidido negativamente en el electorado.
En más de una oportunidad, el presidente Kirchner ha manifestado que el suyo es un gobierno honesto y que tiene las manos limpias. Sin embargo, son muchos los casos que ponen en tela de juicio dicha afirmación. Entre otros, los sobreprecios pagados en el llamado caso Skanska, los subsidios al transporte otorgados sin ningún tipo de control, el caso de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, los presuntos sobresueldos en la Secretaría de Medio Ambiente, la valija con los 800.000 dólares del venezolano Guido Antonini Wilson y la manipulación de los índices que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La Argentina continúa figurando como uno de los países con mayores niveles de corrupción en el mundo, según el informe difundido este año por la organización Transparencia Internacional. Nuestro país aparece en el puesto 105° de las posiciones, sobre un total de 180 naciones relevadas. La decisión del gobierno nacional de postergar la evaluación sobre la eficacia de las medidas vigentes para combatirla no ha sido atinada, en tanto dejó abierta la instancia para que la OCDE formulara una severa advertencia sobre el proceso continuo de evaluación al cual el país se había comprometido.
Cabe esperar que la nueva etapa política que se ha iniciado tras los comicios del domingo último depare un mayor compromiso de nuestros gobernantes por la transparencia.
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