Revista "Noticias", Año XXIII Nª1612 16.11.2007Información General Columna
La corrupción que mata presos
Los 34 reclusos quemados en Santiago del Estero muestran un sistema ignífugo deficiente en las cárceles de todo el país. Negociados.
Por Juan Manuel Casolati*
Fuego contra fuego. Las llamas que calcinaron a 34 reclusos comenzaron el domingo 4 y costó extinguirlas.
Las 34 personas detenidas en el Penal de Varones de Santiago del Estero, fallecidas a consecuencia del triste incendio que ha tomado estado público, muestran, una vez más, cómo corrupción, ineficiencia y muerte se complementan en una suerte de trilogía macabra en las cárceles de todo el país. Y no hacen más que poner en evidencia un viejo problema: la falta de infraestructura de los sistemas contra incendio en las instituciones penitenciarias.
Más allá de las razones que hayan desencadenado el fuego en esa provincia -según los miembros del Servicio Penitenciario, por un intento de fuga y según los presos, por una brutal represión- lo cierto es que las personas allí alojadas se encontraron desprotegidas frente a las llamas.
No es un hecho nuevo. Me tocó el trágico papel de recorrer junto al Dr. Gabriel Franco, secretario de la Defensoría General de San Martín, la cárcel de Magdalena, en el año 2005, cuando todavía volaban las cenizas del incendio que devoró a 33 presos, un número de macabra coincidencia con el de Santiago del Estero. Allí pude advertir el magro desempeño del sistema contra incendios y, en algunos casos, su total inutilidad. Mientras detectaba matafuegos abandonados y vencidos, la versión oficial insistía, ajena a la realidad, en que sólo se había tratado de un intento de fuga y un motín (argumento calcado al de Santiago del Estero). Nada decía sobre la imposibilidad técnica de controlar el foco de incendio, algo perfectamente evitable con el mantenimiento adecuado. O si, al menos, el Ministerio de Justicia, hubiera escuchado el reclamo del propio jefe de la unidad lindera a Magdalena que, antes del siniestro, casi imploró a las autoridades que tomaran cartas en el asunto.
Este año, en una visita a la Unidad 23 de Florencio Varela, denunciamos ante la Procuración General de la Corte Provincial que el sistema contra incendio también carecía de condiciones mínimas de funcionamiento: los matafuegos eran insuficientes y los pocos existentes se encontraban deteriorados, así como también estaban rotas las mangueras y los caños de abastecimiento de agua. La presión de agua en las canillas era un lujo de otros tiempos.
En una de las cárceles del Gran Buenos Aires se dio un caso paradigmático: los elementos contra incendios de las unidades 46, 47 y 48 del complejo San Martín ya están fuera de servicio, a pesar de que estas cárceles aún no fueron inauguradas, circunstancia puesta en conocimiento de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Similares falencias se advirtieron en las unidades 33 y 8 de Los Hornos donde están detenidas mamás con sus bebés.
El discurso de las autoridades bonaerenses sostiene que, luego del terrible episodio de Magdalena, se compraron colchones ignífugos para evitar que se utilicen en los motines como elementos de combustión. Sin embargo, en el transcurso de este año, relevamos más de 12 penales provinciales y nos encontramos con una ingrata sorpresa: que el 70% de los internos no duerme sobre un colchón ignífugo y carece de las respectivas almohadas.
La corrupción que mata presos
Los 34 reclusos quemados en Santiago del Estero muestran un sistema ignífugo deficiente en las cárceles de todo el país. Negociados.
Por Juan Manuel Casolati*
Fuego contra fuego. Las llamas que calcinaron a 34 reclusos comenzaron el domingo 4 y costó extinguirlas.
Las 34 personas detenidas en el Penal de Varones de Santiago del Estero, fallecidas a consecuencia del triste incendio que ha tomado estado público, muestran, una vez más, cómo corrupción, ineficiencia y muerte se complementan en una suerte de trilogía macabra en las cárceles de todo el país. Y no hacen más que poner en evidencia un viejo problema: la falta de infraestructura de los sistemas contra incendio en las instituciones penitenciarias.
Más allá de las razones que hayan desencadenado el fuego en esa provincia -según los miembros del Servicio Penitenciario, por un intento de fuga y según los presos, por una brutal represión- lo cierto es que las personas allí alojadas se encontraron desprotegidas frente a las llamas.
No es un hecho nuevo. Me tocó el trágico papel de recorrer junto al Dr. Gabriel Franco, secretario de la Defensoría General de San Martín, la cárcel de Magdalena, en el año 2005, cuando todavía volaban las cenizas del incendio que devoró a 33 presos, un número de macabra coincidencia con el de Santiago del Estero. Allí pude advertir el magro desempeño del sistema contra incendios y, en algunos casos, su total inutilidad. Mientras detectaba matafuegos abandonados y vencidos, la versión oficial insistía, ajena a la realidad, en que sólo se había tratado de un intento de fuga y un motín (argumento calcado al de Santiago del Estero). Nada decía sobre la imposibilidad técnica de controlar el foco de incendio, algo perfectamente evitable con el mantenimiento adecuado. O si, al menos, el Ministerio de Justicia, hubiera escuchado el reclamo del propio jefe de la unidad lindera a Magdalena que, antes del siniestro, casi imploró a las autoridades que tomaran cartas en el asunto.
Este año, en una visita a la Unidad 23 de Florencio Varela, denunciamos ante la Procuración General de la Corte Provincial que el sistema contra incendio también carecía de condiciones mínimas de funcionamiento: los matafuegos eran insuficientes y los pocos existentes se encontraban deteriorados, así como también estaban rotas las mangueras y los caños de abastecimiento de agua. La presión de agua en las canillas era un lujo de otros tiempos.
En una de las cárceles del Gran Buenos Aires se dio un caso paradigmático: los elementos contra incendios de las unidades 46, 47 y 48 del complejo San Martín ya están fuera de servicio, a pesar de que estas cárceles aún no fueron inauguradas, circunstancia puesta en conocimiento de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Similares falencias se advirtieron en las unidades 33 y 8 de Los Hornos donde están detenidas mamás con sus bebés.
El discurso de las autoridades bonaerenses sostiene que, luego del terrible episodio de Magdalena, se compraron colchones ignífugos para evitar que se utilicen en los motines como elementos de combustión. Sin embargo, en el transcurso de este año, relevamos más de 12 penales provinciales y nos encontramos con una ingrata sorpresa: que el 70% de los internos no duerme sobre un colchón ignífugo y carece de las respectivas almohadas.
En la Justicia provincial, existen denuncias por el pago de presuntos sobreprecios en la compra de este material que se hizo bajo la modalidad de una contratación directa desde el Ministerio de Justicia. En diciembre de ese año, el gobierno bonaerense compró 25.000 colchones y almohadas de material ignífugo. Pero esos colchones no fueron distribuidos en su totalidad. Tal como fuera constatado en múltiples visitas a los establecimientos carcelarios de la provincia y corroborado por la juez de Ejecución Penal de La Plata, Dra. Marengo, a momentos de resolver un planteo de Corpus Corpus interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria.
No es el único hecho de corrupción que, indirectamente, termina con la muerte de seres humanos. A los acuerdos espurios con los proveedores, debemos sumarle que, en general, las empresas constructoras negocian prebendas con las autoridades políticas, -pues éstas contratan-, para realizar las obras con materiales indebidos o de menor calidad. En estos casos, se utilizan caños de material plástico -aunque se facturan como si fueran metálicos- y, ante la menor presión de agua, estallan los codos. Esto significa que, frente a la emergencia, se vuelven un símbolo de impotencia y muerte.
Pero la historia se repite. A la desidia, deben sumarse la falta de control, los negociados y la impunidad garantizada por un poder judicial genuflexo que por complicidad y temor reverencial, sólo pareciera haber encontrado como posibles culpables a agentes recién ingresados a la tarea penitenciaria; nada se dice de los Jefes superiores y mucho menos de los funcionarios del Ministerio de Justicia.
En la actualidad, puede sostenerse con sobrados elementos, que el gobierno provincial no ha tomado suficientes recaudos para prevenir con eficacia desgracias como la de Magdalena. Sólo realizó importantes contrataciones con dudosos beneficios para la población carcelaria. Ni siquiera intentó una medida de puro sentido común: un relevamiento de los sistemas ignífugos en las cárceles bonaerenses.
Como ocurrió en Magdalena, también en Santiago del Estero, todo se resuelve con culpar a las personas detenidas (que cual suicidas en potencia resuelven terminar con sus vidas) y con desplazar por inoperantes a los agentes penitenciarios. Lamentablemente, las personas fallecidas están muy lejos de la justicia y los responsables muy cerca de la impunidad, a la espera de un nuevo hecho que enlute a familias enteras y reabra una vez más un estéril debate de manera cíclica e inmoral.
* Secretario de Ejecución Penal de San Martín.
No es el único hecho de corrupción que, indirectamente, termina con la muerte de seres humanos. A los acuerdos espurios con los proveedores, debemos sumarle que, en general, las empresas constructoras negocian prebendas con las autoridades políticas, -pues éstas contratan-, para realizar las obras con materiales indebidos o de menor calidad. En estos casos, se utilizan caños de material plástico -aunque se facturan como si fueran metálicos- y, ante la menor presión de agua, estallan los codos. Esto significa que, frente a la emergencia, se vuelven un símbolo de impotencia y muerte.
Pero la historia se repite. A la desidia, deben sumarse la falta de control, los negociados y la impunidad garantizada por un poder judicial genuflexo que por complicidad y temor reverencial, sólo pareciera haber encontrado como posibles culpables a agentes recién ingresados a la tarea penitenciaria; nada se dice de los Jefes superiores y mucho menos de los funcionarios del Ministerio de Justicia.
En la actualidad, puede sostenerse con sobrados elementos, que el gobierno provincial no ha tomado suficientes recaudos para prevenir con eficacia desgracias como la de Magdalena. Sólo realizó importantes contrataciones con dudosos beneficios para la población carcelaria. Ni siquiera intentó una medida de puro sentido común: un relevamiento de los sistemas ignífugos en las cárceles bonaerenses.
Como ocurrió en Magdalena, también en Santiago del Estero, todo se resuelve con culpar a las personas detenidas (que cual suicidas en potencia resuelven terminar con sus vidas) y con desplazar por inoperantes a los agentes penitenciarios. Lamentablemente, las personas fallecidas están muy lejos de la justicia y los responsables muy cerca de la impunidad, a la espera de un nuevo hecho que enlute a familias enteras y reabra una vez más un estéril debate de manera cíclica e inmoral.
* Secretario de Ejecución Penal de San Martín.
EL PIRATA ROBY
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