martes, 16 de octubre de 2007

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y LOS ABOGADOS


DECLARACION DEL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL (BUENOS AIRES-ARGENTINA)

Preocupante proyecto de ley

La institución manifiesta su profundo rechazo al proyecto de ley de reforma al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en tratamiento en el Senado de la Nación.



El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifiesta su profundo rechazo al proyecto de ley de reforma al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en tratamiento en el Senado de la Nación.

La iniciativa, que propugna reducir la cantidad de miembros del referido Consejo, incurre en una grave afectación a la Constitución Nacional que, en su artículo 114, impone que el mismo se integre manteniendo el equilibrio entre la representación de órganos políticos resultantes de la elección popular, jueces y abogados.

El proyecto cuestionado determina la disminución de la participación de jueces y, notoriamente, de los abogados, la consolidación de una mayoría absoluta del poder político, la anulación de la participación de partidos minoritarios y la total exclusión de los abogados del proceso de selección de magistrados.

También se reduce el número de integrantes del Jurado de Enjuiciamiento eliminando su carácter permanente. Se propone que los representantes de los abogados se designen por sorteo semestral entre toda la matrícula lo que implica un retroceso inaudito por la eliminación del proceso de postulación de los candidatos y la elección entre sus pares de conformidad con la idoneidad que aquellos exhiban y éstos escruten.

Subrayamos que la participación de los abogados resulta definitoria para garantizar un poder judicial independiente. El abogado, en el ejercicio de la profesión, es quien percibe los efectos deletéreos de una justicia sospechada, ineficiente y dependiente de factores políticos o económicos.

No existirá independencia judicial en ningún sistema en el que la selección y designación de los jueces dependa de la voluntad política de quien ejerza el poder.

El funcionamiento de las instituciones es perfectible pero, cualquier iniciativa que pretenda su modificación debe prever la integración de un cuerpo permanente, idóneo, plural, independiente y responsable. Por ello, los representantes del pueblo y de las provincias, deben comprender que no hay democracia sin respeto incondicional a la Constitución Nacional que juraron obedecer y a las instituciones que ella establece.

Finalmente, exhortamos a las autoridades a promover la activa y necesaria participación de la abogacía organizada en el debate y formación de estas leyes que afectan la republicana división de poderes.


Lucio F. Ibáñez
Presidente

Alicia S. Mutilva
Secretaria General

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